Duro golpe a la economía

El aumento a los pasajes

Freddy Espadas Sosa

El gobierno del Estado asestó un duro golpe a la economía popular. El aumento a las tarifas del transporte urbano constituye una artera agresión a los ya de por sí menguados bolsillos de amplios sectores sociales.

Sin duda el transporte urbano constituye uno de los servicios más importantes que los jefes de familia, estudiantes y amas de casa utilizan para desplazarse a sus centros de trabajo, escuelas y otros sitios de la ciudad. Y no se diga de los cientos de trabajadores del interior del estado que a diario se trasladan a Mérida para ganar el sustento familiar; también sobre ellos pende la amenaza del aumento a los pasajes de los autobuses foráneos.

No hay que saber mucho sobre leyes económicas y demás retórica tecnicista con que nos agobian los ideólogos del capitalismo para comprender lo que representa el transporte para la economía familiar; para ello basta un simple cálculo aritmético.

Si estimamos que un gran segmento de los trabajadores percibe un ingreso promedio de dos salarios mínimos al día ($103.9), y calculamos que aquéllos suelen ocupar hasta cuatro veces un autobús, entonces se observa que a diario destinaban la cantidad de $20 antes del alza, lo que representa el 19% de dichos ingresos. Ya con el aumento autorizado a partir del domingo 23 de agosto la erogación del jefe de familia en el rubro de transporte será de $24, nada menos que el 23% de sus percepciones.

Si al cálculo anterior se añaden los costos de traslado de los estudiantes y de otros miembros de la familia, entonces el monto destinado a los pasajes estaría representando más del 40% de los ingresos domésticos. ¿Qué queda entonces para la alimentación, el vestido, la higiene, la salud y los otros bienes y servicios básicos como la electricidad, el agua potable y el gas butano? Con esta dinámica se demuestra una vez más que los precios le ganan siempre a los salarios, pues éstos permanecen congelados durante el año, y cuando aumentan lo hacen en proporciones miserables: el salario mínimo para Yucatán pasó de $49.5 en 2008 a $51.95 en 2009: ¡aumentó $ 2.45! Hemos insistido en otras ocasiones sobre la necesidad de blindar la economía popular frente a los severos impactos de la crisis en curso. La preservación de los puestos de trabajo y la protección de los salarios frente a las tendencias alcistas en los precios de bienes y servicios deben constituir una prioridad indiscutible de las clases dominantes y de quienes ejercen el poder público, so pena de contribuir a un mayor deterioro del tejido social.

Sin embargo, mientras la clase política, los representantes conspicuos del gran capital y los gobernantes en turno se rasgan las vestiduras con sus desgastados y demagógicos discursos, la realidad cotidiana muestra cómo la carestía general y el desempleo siguen lacerando las condiciones de vida de los sectores sociales mayoritarios.

Ante esta situación, varias voces se han pronunciado contra el aumento a los pasajes. Desde antes de hacerse efectiva el alza, el líder de la Federación de Trabajadores del Estado, Mario Tránsito Chan Chan, advirtió los riesgos de un estallido social ante esta nueva agresión a la economía popular, (D. de Y., 22 de agosto, Local, pág. 1), aunque ya sabemos que los dirigentes sindicales oficialistas sólo simulan oponerse a estas medidas, pues en los hechos nada harán contra ellas.

Por su parte, la diputada panista Patricia Gamboa Wong ha hecho muy bien en calificar esta alza como un acto abusivo del “gobierno de la nueva mayoría”, al que acusa de incurrir en dispendios millonarios cuando invita a artistas de telenovela a pasearse por la entidad. (D. de Y., 23 de agosto, Local, pág. 1).

Nosotros reiteramos que este aumento es altamente lesivo para decenas de miles de familias y debe ser ampliamente rechazado. Creemos que para la mejora del servicio se deben implementar otras medidas tendientes a elevar su eficacia y rentabilidad, sin echarle los costos a los depauperados usuarios. Desafortunadamente, en nuestra entidad parece cundir el conformismo entre los ciudadanos ante decisiones que les afectan adversamente.

En nuestros tiempos, colonos y estudiantes nos organizábamos para protestar contra este tipo de atropellos a la economía popular.

Hoy por hoy, la falta de movilización política, el silencio cómplice de los mal llamados “organismos de la sociedad civil” y el show mediático con que el poder insiste en seducirnos permitirán que otras medidas antipopulares sean impuestas implacablemente, sin que nadie oponga la menor resistencia. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx