El crimen cimbró a Yucatán

La ola de violencia suma 18 ejecuciones, con 13 decapitados

La aparición de personas decapitadas en Chichí Suárez (11) y Buctzotz (una) el 28 de agosto de 2008 estremeció los cimientos de los cuerpos policíacos locales, sembró temor entre los yucatecos y cambió radicalmente los hábitos y costumbres de mucha gente en la entidad.

Los yucatecos, en especial los meridanos, tuvieron que aceptar inéditas medidas instauradas por las autoridades a raíz del que se considera el suceso más violento en el Estado.

La gente debió acostumbrarse a la prohibición de usar polarizados intensos en sus vehículos y a la proliferación de retenes, día y noche, con personal fuertemente armado.

La psicosis se apoderó de mucha gente días después del hallazgo de los 12 cuerpos decapitados y el gobierno estatal tuvo que hacer frente a una ola de rumores —a través de mensajes telefónicos y correos electrónicos— que daban a conocer la aparición de las cabezas en sitios públicos y la ejecución de más personas, lo que incluso motivó que en una sola noche discotecas, bares y centros de entretenimiento cierren temprano.

Los meridanos también comenzaron a vivir situaciones poco comunes, como la presencia en las calles del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, instituciones que generalmente estaban en sus cuarteles.

El Ejército tomó el control de las operaciones y durante casi dos meses realizó un censo informal de “narcotiendas” en Mérida y otras poblaciones mediante cateos sin órdenes judiciales.

Las narcoejecuciones del 28 de agosto (las cabezas aún no aparecen) fueron prácticamente las últimas acciones violentas del crimen organizado en territorio local y el colofón de una serie de hechos sangrientos que se iniciaron en enero de 2007 con el ataque a la base pescador de la SPV en Progreso y que registraron la primera muerte el 10 de julio de 2007, cuando fue ultimado Manuel Duarte Díaz, (a) “Many”, a las puertas del Instituto Nacional de Migración. Estos sucesos violentos registran ya 18 ejecuciones, pues a las 12 decapitaciones se suman cinco previas —Duarte Díaz, María Desireé Navarrete Cuevas, los progreseños Juan Carlos Alvarado Naal, (a) “Calochas”, Carlos Enrique Hevia Morales, y el agente policíaco José Luis Martín Mex— y una posterior, la de Juan Pablo Becerril Pizano, quien presuntamente “entregó” a los narcomenudistas decapitados y en venganza los distribuidores locales de droga lo asesinaron el 1 de octubre de 2008.

Después de las decapitaciones, la “retirada” de los sicarios fue abrupta, aunque la policía local y las fuerzas federales comenzaron a partir de ese momento el contraataque, en el que se logró el decomiso de 10 casas de seguridad, vehículos, armas y la detención de ocho personas.

La Federación —a través de la Siedo— investiga aún las decapitaciones. Los pocos informes revelados atribuyen la matanza al Cartel del Golfo, a través de su brazo armado “Los Zetas”.

Un día después de las decapitaciones la Federación detuvo en Cancún a Víctor López García, el tizimileño Manuel de Jesús Poot Ek, (a) “El Tiburón”, y a Juan Camacho Coronado. También ahí aprehendieron a otros nueve sujetos, entre ellos, Moisés Escamilla May, Margie Novelo Rosado, José MacDonald Pérez e Isidro Álvarez Pérez.

Las autoridades estatales detuvieron al taxista Daniel Arellano Hernández, al profesor José Francisco Quijano Quintal y a Ricardo Pérez Cruz (considerados como la “conexión yucateca” de los sicarios), actualmente presos.— MEGAMEDIA